Por Nazareth Balbás
El titular principal de la primera página del diario El Universal del 8 de abril de 2002 fue «Fedecámaras dijo sí». El presidente de la cúpula empresarial, Pedro Carmona Estanga, había anunciado que se plegaba al paro de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), reducto sindical que amenazaba con postergar indefinidamente esa acción.
La fecha anunciada para la paralización era el 9 de abril. En el cuerpo 1 de El Universal, la nota que aludía el llamado en primera página tenía un titular más que sugerente: «Un paro por la libertad».
La frase entrecomillada no correspondía a declaraciones de Carmona Estanga; del presidente de la CTV, Carlos Ortega; o de algún vocero de la Organizaciones No Gubernamentales (ONG), financiadas por Estados Unidos, que apoyaban el paro. Era la línea editorial de uno de los grandes rotativos privados que se plegaría a los golpistas y silenciaría al pueblo –después del golpe– que pedía el regreso del presidente Hugo Chávez.
El contenido de la nota reseñaba las palabras de Carmona, futuro dictador más breve de la historia venezolana, quien aseguraba que la élite empresarial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) debía mantener el control de la principal industria del país sin rendir cuentas al Estado.
La llamada «meritocracia» se negaba a reconocer a la nueva directiva de la estatal venezolana y había propiciado acciones de desestabilización en los días previos al golpe como «operación morrocoy» en Pdvsa, cortes de suministro de combustible y toma de oficinas y refinerías, para «catalizar» el ambiente de conflicto y acelerar la convocatoria a paro.
Las cúpulas empresariales no tenía prurito en reconocer que en ese momento el control de Pdvsa era fundamental para seguir su plan de derrocar a Chávez. La información publicada en El Universal así lo confirma: «¿a dónde vamos con nuestra principal corporación energética que es global, que es la segunda empresa petrolera del mundo, y donde tenemos cifradas todas las esperanzas?», se preguntaba Carmona.
Sin embargo, esa supuesta «preocupación» por el futuro de la empresa sería un argumento rebatido por sus mismos voceros quienes, tras el fracaso del golpe de Estado, propiciaron a finales de 2002 y principios de 2003 el paro y sabotaje petrolero que generó pérdidas por el orden de los 20 mil millones de dólares a la principal industria del país.
Pero Estanga no era el único vocero del empresariado que salió públicamente a avalar el paro. La Cámara Venezolana Americana (Venamcham) publicó un comunicado el domingo 8 de abril en el que reiteraba «su apoyo solidario hacia las instituciones gremiales del empresariado nacional».
La cámara, dedicada al fomento del «comercio y la inversión» entre Estados Unidos y Venezuela, recomendaba a sus afiliados plegarse a la paralización de los golpistas para «mantener la integridad de la economía y el sistema de libertades que el pueblo venezolano desea preservar».
Los objetivos de la CTV y Fedecámaras eran claros hasta para los factores que preferían «otras vías» para «sacar» al mandatario nacional de Miraflores. En el mismo periódico se reseñan las declaraciones de Leonardo Carvajal, representante de la Asamblea Nacional de Educación, advirtiendo que «la aceleración de los tiempos puede generar confusión».
Para el vocero, el llamado a paro se asemejaba a una huelga general porque «su objetivo es que el gobierno caiga esta semana». Después del golpe, Carvajal sería nominado a ministro de Educación del gobierno de Carmona pero la brevedad de la dictadura no le permitió juramentarse.
Entretanto, la opositora Ruth Capriles de la Red de Veedores ya auguraba una «escalada de violencia»: «uno no sabe si vamos a tener la capacidad como sociedad para impedirla».
Pese a esas «advertencias» dentro de las propias filas opositoras, el llamado de la CTV contó, tal como lo reseña El Universal, con «expresiones de respaldo de la Iglesia Católica, partidos políticos, gremios profesionales y ONG».
No obstante, en la lista de apoyos faltó el más importante: el de los medios privados. El día del paro, las empresas de comunicación impresa detuvieron las rotativas y los kioscos quedaron sin periódicos como El Universal y El Nacional.