Caracas, 18 Abr. AVN.- La mayoría de la Cámara baja de Diputados del Congreso de Brasil dio este domingo un paso más hacia el golpe parlamentario a través de una votación nominal en el que decidieron el juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff, alegando supuestas faltas administrativas con argumentaciones políticas y no legales.

La derecha brasileña requería dos tercios (342 miembros) de la Cámara de Diputados en Brasil para aprobar el impeachment. Los resultados de las votaciones en el seno de la instancia parlamentaria, quedaron de la siguiente manera: 367 a favor, 167 en contra y 7 abstenciones.

Con estos resultados, el dictamen pasará al Senado de Brasil que deberá organizar una comisión y decidir los próximos 10 días si finalmente aprueba o no el juicio que intenta destituir a la mandataria.

Juicio es inconstitucional

En defensa de la presidenta Rousseff, el abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, ha denunciado que se trata de un juicio viciado que viola los principios del debido proceso legal. Explicó que para configurarse un crimen de responsabilidad, tales actos tienen que ser practicados directamente por el presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa, cosa que no ha sucedido.

Por esta razón, el juicio político que acaba de aprobarse no cumple con esas condiciones «es inconstitucional, ilegal y por consiguiente constituye un golpe de Estado».

Explica un despacho de Telesur que la decisión de admisibilidad del proceso en el Senado estaría a cargo de una comisión conformada por 21 miembros, que de aprobar la solicitud, pondrá a juicio de la mayoría simple (la mitad más uno) del plenario, ratificar o no la medida.

En esa instancia, que cuenta con 81 miembros, es donde se dará inicio al propio juicio político que para ser aprobado debe obtener el voto de la mayoría simple (41) con un quórum de 42 senadores. De lograrse estos votos y comenzar el proceso la Presidenta Rousseff tendría que separarse del cargo de manera provisional por 180 días (seis meses), período en el cual la Cámara alta tomará la decisión y emitirá el veredicto final.

En ese periodo asumiría la conducción del Estado el vicepresidente Michel Temer, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que rompió su alianza con el Partido de los Trabajadores (PT). La destitución definitiva de la mandataria debe ser aprobada con al menos dos tercios (54) de los 81 senadores.

Decisión impregnada de ilegalidad

Muchos diputados se mostraron en contra de la aprobación del juicio, entre los que destacan los parlamentarios Roberto Goes, Beto Faro, Carlos Bon, Bohn Gass, entre otros.

El diputado Afonso Motta expresó que votaba no «por la democracia y el estado democrático de derecho el PDT», mientras que Carlos Bonn quien también votó por el no juicio contra Rousseff manifestó que «Tengo asco y horror del golpismo en poder, es del pueblo y el pueblo eligió a la presidenta y no puede dejar el cargo por un proceso ilegítimo».

La oposición estuvo marcada por señalamientos sin fundamentos en contra de la gestión de la mandataria, tal es el caso del parlamentario Alfonso Hans,quien eligió el sí, declaró que votaba «en nombre del pueblo gaucho, del pueblo del estado del sur, en nombre del pueblo brasileño, para votar a favor del cambio, de la esperanza» y el diputado Edinho Araujo, quien alegó que lo hacía por el fututo de sus hijas.

Mientras tanto en las calles miles de brasileños defendieron la democracia con pancartas, banderas y consignas en apoyo a la gestión de Rousseff.

Intereses de Estados Unidos

Por su parte el analista político brasileño y periodista, Beto Almeida, en entrevista a Telesur señaló que «hay una conexión externa para esa tentativa de golpe parlamentario. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene intereses en la empresa estatal Petrobras, por lo que ha espionado las computadoras de Petrobras y el teléfono de Dilma Rousseff y quieren paralizar el proyecto nuclear brasileño y para eso es necesario destituir el gobierno de Rousseff».

Alegó que las votaciones se están haciendo sin acusaciones válidas con diputados que actúan por dinero que le ofrecieron para que voten por el juicio de Dilma.

Destacó que las calles están llenas de gente, trabajadores, estudiantes que entraron a la Universidad, y otros que salieron de la pobreza como parte de las políticas sociales creadas por Rousseff y por el expresidente de Luiz Inacio Lula Da Silva.

La labor desestabilizadora de la cámara fue considerada por Almeida «es un teatro de surdo, no hay crimen contra Dilma Rousseff y la acusación viene de un hombre comprometido con la corrupción (Eduardo Cunha). No presentan prueba ni acusación, no se puede sacar a una presidenta por baja de popularidad, porque esa tendencia puede cambiar».