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26.ago.2009 / 01:19 pm / Haga un comentario

RNV.- Ante la presunta comisión de delitos de estafa al Estado venezolano, este miércoles representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la vocería de Gerson Pérez, presentaron en la Contraloría General de la República un documento con elementos probatorios sobre las irregularidades de las que se acusa al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski.

Con esta acción los solicitantes exigen la inhabilitación administrativa del gobernante mirandino, como resultado de las investigaciones realizadas en las que se demuestra que Radonski mientras ejercía como funcionario público fungía como socio de un grupo de de empresas que incurrieron en estafa a la nación y evasión de impuestos, elementos probatorios contenidos en el documento consignado.

Tras presentar -la semana pasada- una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Miranda, su madre, la ciudadana Mónica Capriles de Radonski, y su hermano, esperan que la Contraloría se pronuncie en los próximos días tal como lo establece el artículo 26 de intereses colectivos y difusos.

Pérez recordó que como parte de la denuncia consignada ante la Fiscalía se entregaron elementos de convicción para determinar los presuntos hechos irregulares del emporio Capriles Radonski, la empresa Insamar, Volari y San Martín

Dentro de las pruebas consignadas en el documento destaca la venta de un terreno a la organización Puerto del Espíritu Santo, acción en la que estuvo involucrado Radonski y la empresa Volari; negociación que estuvo por el orden de un millón 750 mil dólares, transacción que no fue declarado al Fisco Nacional.

Frente a las pruebas consignadas sobre las presuntas irregularidades cometidas por la autoridad regional, los representantes del PSUV consideran imprescindible que Radonski se separe de su cargo para que se ponga a derecho ante los órganos de justicia venezolana.

El dirigente del PSUV señaló que este ciudadano que presuntamente ha incurrido en delitos de estafa a la Nación, en caso de que se determinará que ha incurrido en faltas no podrá ejercer cargos administrativos, ni postularse para ningún cargo de elección popular o asumir responsabilidad ante el Estado.

Pérez aclaró que la denuncia penal interpuesta por representante del PSUV, que refleja irregularidades administrativas en las empresas San Martín, Insamar y Volari, en las que tiene participación el gobernador de Miranda y su grupo familiar, con el agravante de haber incurrido en estafa a la Nación, se está ejerciendo ante las instancias correspondientes.

Anunció que en las próximas semanas consignarán un documento con todos los recaudos correspondientes ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, guiados por la necesidad de erradicar prácticas de corrupción dentro de la administración y por parte de personas que asumen cargos de elección popular.

 

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