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ABN.- El vicepresidente de la República, Ramón Carrizález, negó un presunto desarme deliberado por parte del Estado a la policía del Táchira y aclaró que, más bien, este cuerpo de seguridad tenía en su poder más de 200 armas no registradas.
Así lo señaló este martes el también ministro del Poder Popular para la Defensa, en rueda de prensa en San Antonio del Táchira, durante la cual se refirió a los dispositivos de seguridad en la zona fronteriza con Colombia, en vista de algunos hechos irregulares que se han presentado en días recientes, lo cual se presume que atienden a planes de desestabilización contra Venezuela por parte de grupos irregulares.
Con este señalamiento, Carrizález respondió a las declaraciones que ha hecho por varios medios de comunicación el gobernador del Táchira, César Pérez Vivas, quien ha señalado que la policía del Táchira ha sido desarmada y no cuenta con suficiente armamento para garantizar la seguridad en la región.
«Usted, gobernador, y su policía, tenían más de 200 armas no registradas, con las que es probable que hayan cometido delitos, porque no hay manera de determinar, al investigar un suceso, cuál armamento es utilizado para tal acción, a menos que en el momento se incaute dicho armamento», sostuvo el ministro para la Defensa.
Dejó claro que el parque de armas de la policía del Táchira es de 4 mil 832 y que no están limitando la tenencia de armas, ya que hay un reglamento que determina la cantidad de armamento que se puede tener, de acuerdo con el número de efectivos, y que, además, debe estar registrado.
Carrizález explicó que a las armas registradas se les hace una prueba de disparo y queda una huella digital de cada arma. Por lo tanto, el tener armas no registradas, que seguramente entran al país como contrabando, constituye un delito de carácter penal, de acuerdo con las leyes venezolanas.
Informó también que en la policía de San Cristóbal se determinó que poseían un grupo de armas registradas con unos seriales y, sin embargo, compraron un lote de armamento similar y en una armería le colocaron los mismos seriales de las ya existentes, lo que también reviste carácter penal.
Ante esta situación, Carrizález enfatizó que las autoridades del Estado, en supervisión de las policías del país y de su armamento, «tuvimos que determinar por qué ese cuerpo policial tenía en su seno esas armas no registradas».