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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó los procesamientos del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros catorce políticos por la posible comisión de delitos de rebelión, desobediencia y malversación durante el proceso independentista catalán.
Según informó el Tribunal Supremo, la Sala considera “suficientemente razonable calificar los hechos como delito de rebelión porque existió un alzamiento con un uso torticero del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley”.
De los quince procesamientos confirmados, trece —la mayoría antiguos integrantes del Gobierno catalán responsable del referéndum— incluyen la calificación de delitos de rebelión.
En este sentido la Sala da por constatada la existencia de “actos de violencia” encaminados conseguir a “la celebración de un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional” como paso “previo e imprescindible” para proceder finalmente a una “declaración unilateral de independencia”.
El auto justifica la calificación de los hechos como un delito de rebelión —que según el Código Penal implica la existencia de elementos violentos— argumentando que, ante la imposibilidad de conseguir sus objetivos políticos mediante la negociación con el Estado, los líderes independentistas planearon “la movilización popular” y el “enfrentamiento físico” contra los agentes del Estado “para obligar a este a claudicar” y “aceptar” la independencia de Cataluña.
SPUTNIK