Los gobernadores del PSUV emitieron un comunicado conjunto este lunes, en el que expresan su respaldo a la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de competencias del poder público, y recordaron que la Constitución concibe el Estado «como una sola entidad», en contraste con la visión neoliberal cuartorrepublicana de compartimientos estancos.

«Nosotros le estamos saliendo al paso a la serie de mentiras y difamaciones que pretenden, por un lado, hacerle loas a la descentralización, y por otro lado, golpear de manera impune objetivos nacionales de carácter estratégico, como es el mantenimiento de puertos, aeropuertos y autopistas, que, en manos de algunos gobiernos del pasado quedaron prácticamente destruidos. Creo que la intervención del Gobierno Nacional basada en principios que la Constitución contempla va a favorecer nuestros estados y nuestros municipios».

«Para nada hay pérdida de recursos, sino todo lo contrario. Una intervención del Estado nación, del gobierno nacional, lo que va a hacer es apalancar el desarrollo en estas áreas vitales, áreas neurálgicas para la seguridad y defensa de la nación, como son los aeropuertos, los puertos y las autopistas»

Preguntado si la actual reforma contradice el artículo 164 de la Constitución, el gobernador de Anzoátegui leyó el artículo 7 de la ley de reforma, que establece que «es de la competencia de los estados, en coordinación con el Ejecutivo Nacional». Tarek William Saab expresó que se establece una corresponsabilidad».

«Nosotros no podemos adelantarnos y atacar ya la reforma, sin que ésta haya comenzado a ejecutarse», concluyó Saab. «Lo importante es que las medidas que se han tomado están ajustadas a Derecho y cuentan con el pleno apoyo de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales adscritos al movimiento bolivariano

Transcribimos a continuación el comunicado conjunto de los gobernadores del PSUV, leído por Tarek William Saab, gobernador de Anzoátegui, este lunes:

«El imperialismo, en especial el estructurado por transnacionales de diverso tipo, que tienen su asiento matriz en Estados Unidos, lanzó una sostenida campaña de manipulación, en el contexto de la propagación de la ideología neoliberal, destinada a imponer el desmembramiento de los referidos estados por la vía de despojarlos de sus facultades constitucionales y legales, fragmentándolos territorialmente y convirtiéndolos en agregados de compartimientos, dejando en manos de un debilitado Estado nacional sólo funciones elementales de gendarme. Este plan fue traducido en políticas públicas, bajo el manto de la descentralización administrativa neoliberal, distorsionadoras de la búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión de infraestructuras de servicios públicos como autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, etc.

Debilitados así los estados nacionales, se enfrentan precariamente a procesos de intervención imperial en sus asuntos internos, centrados en el objetivo de despojarlos del control de sus recursos naturales estratégicos, como petróleo, gas, hierro, bauxita, cobre, níquel, agua dulce, entre tantos otros. Con esta ideología fue diseñada en los tiempos de la Cuarta República la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de competencias del Poder Público, cuya reforma conceptual y operacional era una deuda de la Asamblea Nacional con el pueblo, saldada recientemente, a la luz del exhorto hecho por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual en su sentencia número 565 del 15 de abril de 2008, requirió el establecimiento de una regulación legal congruente con los principios constitucionales, con base en la interpretación efectuada por dicha sala, apegada la misma a la filosofía de la Constitución Bolivariana orientada tenazmente en la perspectiva de fortalecer el Estado y a la vez empoderar al pueblo en una dinámica de corresponsabilidad y concurrencia entre los distintos niveles propios de la organización del Estado en los ámbitos municipal, estada y nacional.

Como una sola entidad cuyos órganos deben cooperar entre sí para el logro de sus fines al servicio de todo el pueblo, tal cual como lo consagra el artículo 158 al instruir la descentralización democrática y popular, diferente a la neoliberal cuartarrepublicana, cuyo fracaso es palpable al observar el deterioro presente en varios puertos, aeropuertos y autopistas del país. Un aquelarre de mentiras mediáticas ha desatado el imperio por vía de sus marionetas parlantes, contra la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de competencias del Poder Público. Pretenden confundir al pueblo, a alcaldes, gobernadores, propagando la mentira de que se atenta contra los derechos de los estados y municipios. Frente a este nuevo capítulo de la guerra mediática, los gobernadores y gobernadoras socialistas, bolivarianos y revolucionarios, guiados por el mandato bíblico que reza: «y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres», comunicamos a todo el pueblo con la verdad por delante, nuestro firme respaldo al contenido, los alcances e implicaciones de esta reforma de ley, por manifestar en su texto la arraigada aspiración de todos los venezolanos y venezolanas de fortalecer nuestra condición de ser un solo pueblo, una sola nación, en todas las áreas del quehacer social, económico, cultural y político, en medio de la diversidad y de la pluralidad democráticas, emblemáticas del pueblo venezolano, y contar así con servicios de autopistas, puertos, pero puertos de óptima calidad.

La verdad de la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de competencias del poder público, consiste en establecer la necesaria coordinación entre las distintas instancias del poder ejecutivo, al determinar en su artículo 7 lo siguiente:

«Es de la competencia de los estados en coordinación con el Ejecutivo nacional la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial». Esa coordinación se traducirá en mayor eficiencia y, en consecuencia, los usuarios y usuarias de las carreteras y autopistas, verán realizado su derecho de contar con vías en óptimas condiciones, mediante una política de mantenimiento vial en la que concurran los esfuerzos armónicos del gobierno nacional y los regionales.

Este mismo criterio se afirma en la reforma de los artículos 8, 9, 11 y 14 de la referida ley, abarcando así también puertos y aeropuertos.

Por donde se le vea, con esta reforma gana el pueblo, y con él, los gobernantes cuya filosofía de gobierno se orienta por la máxima cristiana: «sólo quien gobierna para servir sirve para gobernar», implícita en el texto de la Carta Magna.

Adicionalmente, se fortalece la capacidad del país para garantizar la seguridad y defensa de la patria, al consagrarse la articulación de todos los puertos, aeropuertos y autopistas, en un sistema conectado al ejercicio de la rectoría del poder nacional.

Los gobernadores y gobernadoras socialistas, bolivarianos y revolucionarios expresamos nuestro reconocimiento a la Asamblea Nacional por esta conquista democrática, avance en la construcción de la arquitectura legal del nuevo Estado venezolano, democrático y social, de Derecho y de justicia, popular, sólido, blindado ante los embates de las agresiones imperialistas. Asímismo, llamamos a todo nuestro pueblo a seguir enarbolano la verdad frente a las mentiras del Imperio y sus marionetas parlantes. Sigamos construyendo el Socialismo en democracia, con justicia y libertad».