“…Una de las consecuencias más interesantes de la reducción de la fecundidad es el cambio en la estructura por edades de la población. Ello ocurre cuando las cohortes de menores, resultado del “boom” de nacimientos, entran a edad reproductiva y tienen menos hijos que la generación anterior.” Por Carlos E. Aramburú. Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
La formulación de la política pública venezolana, tal como lo exige la Constitución Bolivariana y las distintas leyes que rigen la acción del Estado, debe ser participativa durante todo el proceso no sólo de formación y formulación, sino de seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos que instrumentan tales políticas.
En lo que respecta a las políticas de juventud, hay que considerar que legalmente existen distintas visiones respecto a la participación y los rangos de edades de quienes participan. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), establece en varios de sus artículos que los niños, niñas y adolescentes (12-17) tienen el derecho a participar, a ser escuchados y a expresar su opinión para incidir en las políticas que se formulan para cada ámbito de su vida, entre otros: salud, sexualidad, educación, cultura, recreación y deportes. Otras leyes como la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, admite la participación política a través del voto a partir de los 18 años de edad, mientras que la Ley Orgánica de los Concejos Comunales promueve la participación a partir de los 15 años.
Lo anterior, probablemente tiene que ver con la variedad de concepciones que se tienen sobre juventud. De hecho, es necesario recordar que la juventud como categoría epistémica y de política pública, no tuvo mayor relevancia hasta casi la mitad del siglo XX debido a la ocurrencia de hechos de importancia histórica para la humanidad como fue la II Guerra Mundial y el rol político que comenzaron a asumir los jóvenes en las décadas de los sesenta y setenta.
En ese contexto, se iniciaron los debates sobre cuáles son las edades que entran dentro de la categoría juventud desde una perspectiva biologicista o los debates más sociológicos que comienzan a establecer las diferencias entre juventud y lo juvenil, para determinar quiénes son jóvenes y quiénes no, así mismo, evaluar el rol que ejerce la autopercepción de juventud, respecto a cómo se viven las responsabilidades de la adultez, para acuñar términos que permiten explicar la vivencia de una juventud prolongada como es el concepto “moratoria social”.
En Venezuela, la Ley Nacional de Juventud promulgada el año 2002 establecía en su artículo 2 que la población juvenil se correspondía a aquella entre 18 a 28 años de edad. En la Reforma Parcial de la Ley para el Poder Popular de la Juventud de 2009, uno de los cambios incorporados fue precisamente la edad para definir a los y las jóvenes entre las edades 15 a 30 años, exactamente un 27.7 % de la población según el último Censo 2011.
Ahora, más allá de los debates para definir a la juventud por las edades y las distintas leyes que rigen para que el Estado atienda a esta población, es importante destacar que si bien desde el año 2002 se han creado organismos con competencia directa como fue el Instituto Nacional de la Juventud y actualmente el Ministerio del Poder Popular para la Juventud (creado en 2011), existen una cantidad de instituciones y Ministerios que intervienen para la atención a este grupo poblacional. Entre otros: Salud, Educación, Educación Universitaria, Ministerio de la Mujer, Ciencia y Tecnología, Deporte, Cultura y Turismo, además de otros organismos con competencia más local como las Gobernaciones y Alcaldías, que poseen institutos y programas específicos de atención a la juventud.
Dentro de ese panorama, se admite que el tema juventudes –en plural- es complejo no sólo por su diversidad conceptual y sociológica, sino por la variedad de instituciones que tienen competencias específicas en el desarrollo de políticas públicas para este grupo poblacional, lo cual, puede incidir favorablemente en la gestión pública en la medida que tales políticas realmente sean políticas integrales y con visión a largo plazo.
En ese sentido, es importante relevar que Venezuela actualmente vive un momento histórico sin precedentes que precisamente tiene que ver con el fenómeno que se conoce como transición demográfica o bono demográfico, que significa que el grupo de personas en edad de trabajar o “población económicamente activa”, ha crecido en mayor porcentaje que el grupo de menores de 15 años y mayores de 60 años que se considera el grupo de edades “inactivas”. Las Teorías socio-demográficas y las proyecciones indican que en un período de más de tres décadas, seguirá descendiendo la tasa de fecundidad y aumentando la esperanza de vida en nuestro país, por lo que la mayor parte de la población estará en edades entre 15 y 45 años, precisamente las edades más productivas para generar todos los procesos de formación y generación de oportunidades que el país debe aprovechar para alcanzar sus metas de desarrollo.
Ante las perspectivas que el bono demográfico plantea, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud (MPPJ), está obligado a cumplir un rol determinante en la coordinación de las distintas políticas, en primer lugar para contribuir a evitar la dispersión programática y de recursos, así como fortalecer una red interinstitucional que trabaje las juventudes desde una perspectiva transversal para aprovechar este momento único en nuestra historia como país.
Desde el punto de vista instrumental, el MPPJ debe considerar que desde la diversidad institucional existe una cantidad de datos e informaciones que ofrecen interpretaciones específicas, pero no diagnósticos integrales que permitan establecer cadenas causales respecto a ciertos problemas, que son fundamentales para abordar la realidad de la población juvenil venezolana como son el embarazo temprano y la violencia social asociada a los varones urbanos, pero también las necesidades específicas de grupos de la población joven entre 25 a 30 años que están en proceso de consolidación de sus proyectos de vida en los ámbitos educativos, laborales, de vivienda y familia.
Para el Estado venezolano es fundamental contar con datos e información actualizada, que no sólo se genere en instituciones públicas, sino que provenga de la opinión o percepción de lo/as mismo/as jóvenes sobre los temas que les interesen para el desarrollo pleno de sus oportunidades, lo que en opinión de algunos experto/as[1] sería un sistema integrado de información cuantitativa y cualitativa, que permita analizar a profundidad la situación actual de los jóvenes venezolanos para planificar con mayor propiedad, pertinencia e impacto los planes, programas y proyectos a mediano y largo plazo, que requiere la población entre 15 a 30 años de acuerdo a sus necesidades específicas.
De acuerdo a ello, una de las estrategias que se plantea la actual gestión del MPPJ en el marco de la Misión Jóvenes de la Patria, además de las acciones inmediatas para atender la diversidad de demandas y necesidades actuales de los y las jóvenes y garantizar que las políticas sean realmente participativas, es iniciar un proceso de investigación sobre antecedentes, datos y formulación de una línea base de indicadores para el seguimiento y evaluación de la política pública de juventud, a través de la revisión de cantidad de datos ya existentes: Censo 2011, encuestas especializadas como la Encuesta Demográfica (ENDEVE), la Encuesta de uso del tiempo libre, la Encuesta de Victimización, la I ENJUVE realizada el año 1993, encuestas locales y sectoriales, y todo el corpus de investigaciones cualitativas que han realizado y están ejecutando investigadores, colectivos e instituciones venezolanas, con la finalidad de sistematizarlas e integrarlas a la red de Centros de Investigación del país, incluyendo el futuro Centro de Investigación sobre Juventud adscrito a ese Ministerio.
En ese contexto, el principal focus de la política pública de juventud centrado en la investigación y la participación, se estructura a partir de un análisis retrospectivo sobre las tendencias observables en los años noventa y las transformaciones ocurridas a comienzos de siglo, así como un análisis prospectivo sobre cuáles son los escenarios deseables para profundizar el cambio cultural que se espera para la sociedad venezolana al 2035, a través de la aplicación de la II Encuesta Nacional de Juventud (ENJUVE 2013), la cual, además de permitir comparar los datos arrojados por la Primera Encuesta Nacional de Juventud (ENJUVE 1993), permitirá -si se aplica por lo menos cada dos años- contar con un instrumento extremadamente valioso para el seguimiento y evaluación de la política pública de juventud, pero también, desde el análisis de sus resultados, precisar áreas temáticas, problemas, inquietudes, necesidades y aspiraciones de los y las jóvenes, para profundizar investigaciones pertinentes a las necesidades reales del país.
En ese sentido, los debates están abiertos, para apuntalar propuestas en temas que serán fundamentales para la encuesta como son: Sexualidad, Equidad de Género y Políticas de Juventud; Jóvenes, educación y mundo laboral; Jóvenes, recreación, cultura y tiempo libre; Jóvenes en riesgo y políticas de prevención; Salud Integral, percepción del cuerpo y adicciones; Nuevas Tecnologías y medios de comunicación y Participación, asociación y política en las juventudes.
De acuerdo a ello, decimos que con el diseño, aplicación y análisis de la II ENJUVE 2013, se inicia un proceso no sólo de investigación aplicada sino de diálogo y creación de redes para la acción transformadora, que nos invita a aprovechar el momento de la transición demográfica para el logro del país potencia que todos deseamos.