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El Telégrafo- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) condenó ayer «los actos de intimidación» a los que ha sometido el Gobierno de facto de Honduras a los ocupantes de la embajada de Brasil, donde se encuentra refugiado el presidente depuesto Manuel Zelaya, quien denunció el lanzamiento de gases tóxicos contra la delegación por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas.
«Condenamos los actos de intimidación contra la embajada de Brasil», señaló Susan Rice, presidenta del Consejo de Seguridad, tras hacer un llamado al Gobierno de facto de Roberto Micheletti para que deje de acosar a los que están refugiados en esa sede diplomática y exigió que permitan suministrarles agua, alimentos y electricidad.
El pronunciamiento del Consejo fue el desenlace de una reunión convocada a pedido de Brasil, en Nueva York, cuyo canciller Celso Amorim presentó un informe oral denunciando los «actos de hostigamiento» contra la sede diplomática brasileña.
Según Amorim, la embajada ha estado virtualmente sitiada desde el lunes pasado, cuando el presidente constitucional hondureño Manuel Zelaya halló refugio en ella tras ingresar de incógnito al país centroamericano.
Amorim señaló que la sede diplomática «ha sido sometida a actos de acoso e intimidación por las autoridades de facto», incluyendo cortes de agua y electricidad, bloqueo de comunicaciones, equipos de agresión sonora y obstáculos a la libre circulación de personal y víveres.
Manuel Zelaya pidió ayer la intervención urgente del Comité Internacional de la Cruz Roja tras denunciar la utilización de gases tóxicos contra la sede de la embajada de Brasil.
«Estamos siendo atacados de forma injusta y grosera», dijo Zelaya en una entrevista con la estación Telesur. Un fotógrafo de la AFP en el interior de la embajada brasileña informó que vio a varias personas afectadas por alguna sustancia difuminada en el ambiente, algunas de las ellas vomitaban sangre.
El Gobierno de facto, en un comunicado, manifestó que es «totalmente falso» que se hayan lanzado gases tóxicos dentro de la embajada de Brasil en Tegucigalpa y autorizó el ingreso del médico de cabecera de Zelaya, Marco Rodas, y del doctor Carlos Aguilar, ministro de Salud en el Gobierno.
Centenares de soldados y policías antimotines fuertemente armados rodean la embajada, situada en una céntrica zona, donde Zelaya permanece junto a seguidores y algunos miembros de su familia. El presidente derrocado consideró que el Gobierno de facto carece de «voluntad» para restituirlo en la Presidencia de Honduras, por eso llamó a la resistencia y solicitó el apoyo de la comunidad internacional para «poner fin al golpe de Estado y restablecer la democracia».
En relación a las reuniones que mantuvo con algunos de los candidatos a la presidencia en las elecciones del 29 de noviembre, convocadas por el Gobierno de facto, pero no reconocidas por la comunidad internacional, el depuesto presidente indicó que ellos «no están convencidos» de la gravedad de la situación en que se encuentra el país.
En medio de estas denuncias, la nueva posibilidad de terminar la crisis política hondureña se aplazaba ayer por la negativa del Gobierno de facto a que lleguen cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante lo cual el presidente costarricense y mediador Óscar Arias también se rehusó a ir a Tegucigalpa.
Arias señaló que el asesor chileno de la OEA, John Biehl, lo alertó sobre una llamada de la Cancillería de facto hondureña en la que le dijeron que no permitirán el ingreso de la misión de cancilleres.
Micheletti anunció el jueves que aceptaba reanudar el diálogo con Zelaya para solucionar la crisis, con la mediación de Arias, y el vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pero pidió que se aplace la visita de los miembros de la OEA.