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AVN.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a la diputada del estado Monagas, María Mercedes Aranguren Nasiff, solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para continuar su enjuiciamiento por el presunto delito de peculado doloso propio, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
La solicitud del TSJ está basada en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza: «Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. Los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento».
Andrés Eloy Méndez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), consideró que «éticamente el parlamento está obligado a permitir el juicio, de acuerdo con las leyes ordinarias de la República y en un tribunal de la nación, a toda persona que haya defraudado a la nación».
Tras una investigación preliminar, producto de diversas denuncias en torno a la creación, funcionamiento y al no pago de impuestos por parte de la empresa Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín, C.A, en la que Aranguren se desempeñaba como presidenta, el Ministerio Público aportó 51 elementos de convicción que involucran a la actual parlamentaria en los referidos delitos sancionados en la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
El pasado 31 de octubre, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que la parlamentaria «le produjo un daño patrimonial al Estado venezolano al realizar operaciones cambiarias con la Gobernación de Monagas, que no fueron registradas en libros contables, estados financieros y facturas».
Explicó que Aranguren tramitó divisas a través de tres operadoras cambiarias que no están registradas en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
El diputado Andrés Eloy Méndez señaló que la Asamblea Nacional «apoya la nueva ética republicana que promueve el presidente de la República, Nicolás Maduro.