Prensa AVN.- Desde el año 2004 la derecha venezolana, con apoyo de sus aliados en el exterior, ha incluido el uso de paramilitares colombianos como parte fundamental del plan de sedición contra la democracia y el Gobierno constitucional venezolano. Este 9 de mayo se cumple una década de la captura de 153 paramilitares colombianos contratados para asesinar al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y desplegarse en Caracas para generar caos en el país.

 La información recogida por la inteligencia venezolana detalla que la operación para frustrar aquel intento, se realizó la madrugada de un domingo Día de las Madres, cuando funcionarios de la extinta Dirección de Inteligencia Policial (Disip), actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) entraron a la hacienda Daktari, ubicada en el municipio El Hatillo del estado Miranda, cerca de Caracas, propiedad del empresario Robert Alonso, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia venezolana, vive en Miami, Estados Unidos, desde donde conspira contra Venezuela.

 Los organismos venezolanos de inteligencia constataron que los paramilitares tenían previsto asesinar a Chávez durante una cena con banqueros en La Casona (residencia presidencial), mientras que otros irregulares asaltarían el Palacio de Miraflores y otros irían hasta los depósitos de armas ubicados en el Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional y la base aérea de La Carlota. Un oficial de la aviación secuestraría una aeronave para bombardear la sede de gobierno.

 El dueño de la finca, Alonso, integró el «Plan Guarimba» y la coalición derechista «Coordinadora Democrática» (principal promotora del golpe de Estado ejecutado en abril de 2002), antecesora de la actual coalición de la oposición llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD).

 El empresario ahora se hace llamar «Guarimbero Mayor» y aúpa desde Miami a los grupos violentos que llaman al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y que ejecutan acciones terroristas, que han dejado, desde febrero de este año, 41 personas muertas -cientos de heridos y destrozos a instituciones públicas y privadas- en ataques que incluyen incendios y asesinatos ejecutados por francotiradores, en su continuo plan de acabar con la Revolución Bolivariana que desde hace 15 años implementa políticas sociales de justa redistribución de la riqueza del país, que tiene en su suelo las mayores reservas de petróleo del planeta.

 Pedro Carmona Estanga, golpista que usurpó el poder en Miraflores durante el golpe de Estado de 2002; el ex secretario general de Acción Democrática (AD), Rafael Marín; el empresario Gustavo Zigg Machado; la entonces diputada de Primero Justicia (PJ) Liliana Hernández y el militar golpista Jael Contreras Rangel, fueron algunas de las personas vinculadas al magnicidio identificadas por las autoridades venezolanas como resultado de las investigaciones y confesiones posteriores de los paramilitares.

 «Matar con cuchillo ajeno»

 En 2006, se confirmó la participación directa del expresidente de Colombia Álvaro Uribe en la invasión de paramilitares al estado Miranda. Las declaraciones del ex director de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Rafael García, así lo confirmaron.

 «Sí existió un plan de desestabilización contra el gobierno venezolano y hay mucha gente del gobierno colombiano comprometida», reveló García en declaraciones a la Revista Semana de Colombia, en las que expresó también que «el plan contemplaba el asesinato de varios líderes de ese país (Venezuela)».

 En este contexto, el pasado 2 de mayo, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres reiteró que en las actuales acciones terroristas contra Venezuela también está inmiscuido Uribe.

 «Ver que la mano de Álvaro Uribe está detrás de estos planes (…) da como escalofríos. El es el maestro de los falsos positivos, experto en lo que ellos llaman allá ‘matar con cuchillo ajeno», manifestó el ministro.

 En el libro «La invasión paramilitar, Operación Daktari» (2012), de Luis Britto García y Miguel Pérez Pirela, Rodríguez Torres (director del Sebin durante la captura de los paramilitares) relata que en una reunión realizada el 23 de abril de 2004 (infiltrada por el Sebin), entre oficiales de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional -presos posteriormente-, un oficial preguntó por qué iban a utilizar paramilitares colombianos y «un comandante de la Guardia Nacional, teniente coronel, respondió que había que usar paramilitares colombianos porque, primero, no eran venezolanos, y segundo, esos no iban a mirar para atrás para disparar, no iban a tener ningún remordimiento de conciencia y a ellos lo que les interesaba era cobrar, así que era más eficiente usarlos que usar tropas venezolanas que iban a tener problemas de conciencia, que no iban a querer atacar a sus compañeros. Esa fue la respuesta».

 En ese mismo encuentro, se habló sobre el plan de bombardear el programa Aló Presidente que se realizaría el 25 de abril en Maracaibo, estado Zulia. Este plan también fue derrotado.

 Ante el descubrimiento de los paramilitares colombianos en la finca Daktari, las confesiones de estos e incluso el reconocimiento del Gobierno colombiano, la derecha optó por descalificar el hecho a través de sus empresas de comunicación y tribunas políticas. Tal como hacen ahora frente a los 58 extranjeros detenidos por los organismos de seguridad durante las guarimbas.